El proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se hizo "participativamente": mientras por un lado se reunía a diversos actores sociales y económicos para lograr un consenso que equilibrara los intereses en juego, por otro lado, la ministra de cultura Paulina Urrutia llegaba a un "acuerdo secreto" con la Sociedad Chilena de Derecho de Autor. El resultado es que se podría encarecer internet, no habrá excepciones para "usos justos", y queda prohibida cualquier indicación contraria al punto de vista de la SCD.
Por ello, el abogado Claudio Ruiz de la ONG Derechos Digitales anunció que "se acabó la buena onda", y junto con organizaciones civiles y de la industria que se han unido en el grupo "Trato Justo Para Todos", decidieron retirarse de la mesa de negociaciones. En declaraciones a Con todo derecho dijo que "la idea de la reforma a la LPI era ampliarle derechos a la gente y no disminuírselos".
La discusión se traslada ahora al Congreso, Ruiz declaró que el desafío es demostrarle a los senadores "que esto no es unilateral, que el derecho de autor y la propiedad intelectual no es patrimonio absoluto de los cantantes y de los artistas, ni menos de la SCD, lo que se necesita es un equilibrio entre los intereses del público y el de los autores" concluyó.
Las organizaciones integrantes de Trato Justo Para Todos son: Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI), ONG Derechos Digitales, Colegio de Bibliotecarios AG, Comisión Asesora de Bibliotecas del Consejo de Rectores (CABID), Asociación Proveedores de Internet (API), Asociación de Derecho e Informática de Chile (ADI) y Liberación Digital.
Fuente: Radio Tierra / Conexión Social - Santiago de Chile
